Vivimos en una era donde el miedo se ha convertido en una moneda de cambio. Lo vemos en titulares apocalípticos, en discursos políticos y en guerras mediáticas. Pero ¿qué hay detrás de esta epidemia de terror? Un entramado de intereses geopolíticos, manipulación informativa, violencia del crimen organizado y crisis sociales que requieren desentrañarse con urgencia.
En México el miedo se mezcla con la incertidumbre y la confusión desde las mismas áreas del gobierno, interesadas en desconocer todo aquello que no les conviene, y desde una oposición incapaz de elevar los temas nacionales a una verdadera discusión pública. Hablamos de medio millón de personas asesinadas desde hace 19 años, en relación con el crimen organizado.
A río revuelto ganancia de pescadores. Pero, ¿quiénes son esos pescadores?
Sin duda, en una relación bilateral complicada en la que lo importante es denostar al más débil, nuestro vecino del norte sale ganando en este intrincado tema del narcotráfico. Pero también nuestros actores políticos inyectan la confusión para no dar respuestas, confundir y hacer que los temas se’olviden’ en la opinión pública.
El problema es que esa opinión pública ya no aguanta más la simulación de opinión publicada y orgánica, frente a los hechos que la contrastan.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ¿INFORMAR O ATERRORIZAR?
Byung-Chul Han lo advirtió: el capitalismo emocional explota el miedo para generar control. Ya también lo había comentado Ulrich Beck.
Hoy, algunos medios amplifican amenazas —desde el crimen hasta pandemias— para alimentar audiencias o agendas. Pero no todo es conspiración: también hay periodistas que arriesgan su vida por destapar corrupción (como los casos de Proceso en México o The Intercept en Brasil).
La clave está en diferenciar entre el amarillismo y el rigor. Si la prensa priorizara su rol fiscalizador, muchos poderosos temblarían. Los medios no tienen ni idea del miedo que producen en los políticos.
En México su papel ya está también rebasado. No es el amarillismo, la realidad ha superado la ficción y tampoco pueden dar elementos de certidumbre.
ENTRE BALAS Y MICRÓFONOS
Y es que aunque los medios quisieran dar el beneficio de la duda a nuestros gobiernos, no hay forma de ayudarlos y menos en un contexto de ceguera que no ayuda a las víctimas, dónde ya se les desbordó está tealidad y no hay forma de maquillar la ni pararla, ni con ‘mordaza’ desde las redacciones.
Y es que el espectáculo es surrealista: Teuchitlan con el colectivo Guerreros Buscadores mostrando fotos y videos de ropa, zapatos y restos humanos mientras la presidenta dice que todo se basa en una foto y los líderes criminales que piden «no difamarlos» mientras ostentan armas de uso exclusivo militar, disculpándose por ello y “ regañando” a las madres buscadoras por acceder al rancho Izaguirre. Además de condicionar y amenazar “¿Quieren que esto se convierta en otro Sinaloa?”
El problema no son solo los discursos, gravísimos todos, los criminales diciendo que tienen un código ético. ¿De qué ética hablan? Y por otro lado, el discurso permisivo del poder en contra de reporteros, mujeres y ahora madres buscadoras de personas desaparecidas. ¿A quién defiende el gobierno? ¿Por qué minimiza y les quita a las personas buscadoras el mérito a su labor, el apoyo en su lucha, la empatía con su dolor, utilizando la mañanera y la declaración publicada en medios a modo para denostar su hallazgo?
El verdadero problema es la colusión entre crimen y autoridades. Como revelaron los papeles de Ayotzinapa, el Estado suele ser cómplice, no víctima. Y esto no ha cambiado.
¿Evidencias? Solo hay que ver casos como el de Genaro García Luna, quien en su momento fue una figura clave en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, pero hoy enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico y García Harfush no parece estar al margen de este riesgo.
Entre las manifestaciones más brutales de esta violencia real y no solo verbal se encuentran las “narcofosas” (fosas clandestinas utilizadas para ocultar víctimas de ejecuciones), que han sido descubiertas en diversas regiones del estado.
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo y muchas entidades más han registrado numerosos hallazgos de fosas clandestinas. Jalisco, cómo el país entero, enfrenta una grave crisis de violencia vinculada al crimen organizado y no parece tocar fondo. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos más poderosos del país y del mundo, está en no menos de 20 entidades federativas.
En Jalisco las narcofosas se han descubierto en municipios como Tlajomulco, Zapopan y Lagos de Moreno. Estas fosas suelen estar relacionadas con disputas territoriales entre cárteles, ajustes de cuentas o la desaparición forzada de civiles, mujeres y hombres, hasta niños.
La Fiscalía del Estado y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han documentado cientos de cuerpos recuperados en los últimos años, reflejando la magnitud de la crisis humanitaria.
Estos lugares clandestinos simbolizan la impunidad y la crisis de derechos humanos en México. Familias de desaparecidos, apoyadas por colectivos, exigen justicia y acceso a la verdad.
Las cifras son escalofriantes. A octubre de 2024, México registró 10 mil 58 casos de personas desaparecidas o no localizadas, la cifra más alta reportada hasta entonces. Cabe destacar que el 69,3% de estos casos corresponde a hombres y el resto a mujeres, de acuerdo con Statista.com. Sin embargo, se habla de maquillajes en estas cifras. Los colectivos hablan de al menos 130 mil desaparecidos.
Esta columna no busca dar respuestas definitivas, sino encender preguntas. ¿Hasta cuándo permitiremos que el miedo dicte nuestro futuro?
