La crisis de la región colombiana del Catatumbo, con decenas de muertos y miles de desplazados, impresiona a América Latina. Narcotráfico, guerrilla y una interacción ambigua de los gobiernos de Colombia y Venezuela forman un coctel de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo explicar ese complejo panorama?
Por Fabiola Chambi / Connectas
En el Catatumbo, una región del departamento colombiano de Norte de Santander, frontera con Venezuela, una espiral de violencia se vive a plena luz del día. El enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, con casi un centenar de muertos y 53.000 desplazados, vuelve a alertar sobre una crisis humanitaria sin solución a la vista.
Para el presidente Gustavo Petro, que prometió la “paz total”, el Catatumbo resulta una bofetada de realidad. “Es un fracaso de la nación”, dijo, intentando explicar la expansión y la arremetida del ELN. Aunque más bien la ausencia de Estado dejó las puertas abiertas a este conflicto.
La violencia se recrudeció desde el 16 de enero por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, específicamente el Frente 33, que rompieron lo que parecía ser una frágil tregua. Ante la tragedia social desatada, el Gobierno declaró el estado de conmoción interior para mover recursos militares y económicos en busca de brindar apoyo a los habitantes y tratar de pacificar las zonas afectadas.
El ELN, uno de los grupos guerrilleros más antiguos del país, intenta arrebatar el control de la región a las disidencias de las FARC, compuestas por antiguos miembros de esa guerrilla que se opusieron al proceso de paz que llevó a su desmovilización, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Guerrilla binacional”
Con el tiempo el ELN ha ido fortaleciendo su presencia en Venezuela, así como sus operaciones de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsión. Según Insight Crime se convirtió en una “guerrilla binacional”, y en uno de los grupos criminales más importantes de Sudamérica. “Está presente en ocho de los 24 estados de Venezuela, donde se reparten la presencia en más de 40 municipios y se estima que de sus 6.000 combatientes, alrededor de 1.000 están en territorio venezolano”.
Por eso no fue casual que el 23 de enero, el propio ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, rodeado de cámaras, supervisara un operativo en el municipio fronterizo de Jesús María Semprún, en el estado Zulia, para recibir a las familias desplazadas por los enfrentamientos.
Un día después, el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se reunió con su par Vladimir Padrino López, en San Cristóbal, Venezuela, con un punto en común: la cooperación entre ambos países para frenar las actividades delictivas de miembros del ELN. Y así sucedió el 31 de enero, cuando se activó la operación Relámpago en el Catatumbo.
Sin embargo, esa colaboración genera fuertes dudas. Para Lara Loaiza, de InSight Crime “Las investigaciones que hemos realizado apuntan a que el grupo (el ELN) tiene una relación simbiótica con el régimen de Nicolás Maduro que les permite operar a sus anchas en Venezuela (…) el poder del ELN en esta zona y su relación con elementos del gobierno en ese país pone en duda si la operación Relámpago del Catatumbo va a tener algún efecto real”.
Jorge Mantilla, politólogo e investigador en temas de crimen y seguridad, asegura que “esto no solo hay que entenderlo en el marco colombiano, sino en otros contextos. Pensemos por ejemplo en el Tren de Aragua, en las maras en Centroamérica o el Comando Vermelho, que también está presente en países como Paraguay. El ELN a pesar de ser la insurgencia más vieja de América Latina y haber desarrollado gran parte de su historia como grupo insurgente, en la última década ha ido evolucionando hasta tener cada vez más elementos similares a un grupo (delictivo) organizado”.
Mantilla, uno de los expertos más consultados sobre el ELN, ha podido identificar ciertas características de su estructura a través de los años, como el cambio de prioridad en su agenda, que ahora estaría más enfocada en la revolución bolivariana, debido a que el 30% de sus integrantes están en Venezuela. “No significa que estén con un brazalete, fusil o durmiendo en carpas, sino que han hecho una vida política y financiera en Venezuela, están integrados en lo que se conoce como el Poder Popular o Poder Comunal, integran los comités de abastecimiento que distribuyen la canasta familiar. Son también experimentados ganaderos vinculados con el contrabando de carne y queso de Venezuela hacia Colombia, controlan gran parte del combustible y han emprendido el negocio del oro. No es solo su presencia geográfica, sino que su agenda está anclada en la realidad y el territorio venezolanos”, explica.
¿Colombia necesita a Venezuela?
Esta situación también se ha convertido en un factor de poder para Venezuela, que entiende que los colombianos los necesitan para resolver sus propios problemas porque no pueden hacerlo solos. Si bien el presidente Petro no ha reconocido abiertamente el triunfo electoral de Nicolás Maduro, según Mantilla la situación del Catatumbo genera un escenario paradójico. “El Gobierno colombiano ha tenido que pedir al de Maduro que le ayude a combatir al ELN, por lo tanto hay un reconocimiento de facto”.
Luis Fernando Niño López, alto consejero para la Paz y la Reconciliación del departamento de Norte de Santander, explica la compleja relación en la frontera con el crecimiento de estas entidades ilegales transnacionales. “Son 17 grupos armados registrados solo en Norte de Santander. Hay una relación no solo de protección del Estado venezolano a estos grupos sino también de apoyo logístico e ideológico, de plataformas que les dan vida de largo aliento y que no nos van a permitir lograr la paz en Colombia (…) Nosotros no estamos en un conflicto en el Catatumbo solo porque dos guerrillas se estén peleando el territorio, sino porque hay una posición geoestratégica internacional”. Se refiere a que los gobiernos de Colombia y Venezuela son afines ideológicamente y se están juntando a la izquierda internacional.
Zona estratégica: luchar contra el abandono estatal
La región del Catatumbo comprende once municipios del Norte de Santander y es una zona estratégica en muchos sentidos más allá de las actividades guerrilleras. No solo tiene suelos fértiles en los que se desarrollan actividades agrícolas para la producción del cacao, palma de aceite y otros cultivos, sino extensas zonas ganaderas e impenetrables selvas.
Pero también contiene casi 44.000 hectáreas de cultivos de coca, una gran mayoría concentrados en el municipio de Tibú. Esta zona es considerada la ruta del narcotráfico más estratégica hacia Venezuela. Las dinámicas criminales y los ciclos de violencia han estado presentes siempre, aunque con ciertos niveles de convivencia con los grupos armados.
“Acá las personas viven y conviven con el conflicto, pero buscando la manera de construir paz y hay muchísimos ejemplos que dan razón de eso. A pesar de esta realidad ellos han normalizado vivir entre balas y buscan la manera de salir adelante”, dice Duvan Jaimes, experimentado periodista del medio digital Wichos Informa, de Ocaña y la región del Catatumbo.
Jaimes asegura que la droga que se procesa en el Catatumbo sale por Venezuela, pero que los gobiernos no han enfocado bien el combate al narcotráfico. “Históricamente se ha atacado al campesino que siembra la hoja de coca y no tanto al narcotraficante o “traqueto” como le decimos en Colombia (…) El estado casi no tiene presencia, hay mucha pobreza y la única forma en que muchos han logrado sobrevivir es a partir del cultivo de hoja de coca, pero también hay muchos otros cultivos”.
Por su variedad de pisos térmicos, el Catatumbo es una importante despensa agrícola del Caribe colombiano. Según cifras de la Asociación de Municipios hay más de 85.000 hectáreas cultivadas, lo que permite producir 722.000 toneladas de alimentos al año.
Sin embargo, estos esfuerzos de resistencia y superación chocan con un abandono estatal difícil de negar. “Lo que estamos viviendo es la punta del iceberg de un proceso fallido”, dice Niño López, también investigador y doctor en historia. “No hay vías pavimentadas, no hay acueductos, no hay hospitales de tercer nivel, los colegios están en condiciones deplorables, los profesores desplazados, los niños sin asistir a clases, estamos hablando de 300.000 personas a la deriva (…) Desde hace dos años y medio uno ve un adormilamiento del Estado colombiano que permitió el crecimiento de estos grupos. Lo que no ejerce el Estado lo ejerce un ‘paraestado’, pero en este caso de insurgencia”.
El drama de los desplazados
Lo dejaron todo. Salieron sin saber hacia dónde, solo para salvar sus vidas y la de sus familias. Ese es el drama de muchos colombianos de la región del Catatumbo que tuvieron que huir ante el nuevo estallido de la violencia, sin certeza aún de estar completamente a salvo.
La ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, se ha convertido en mayor refugio. Muchos encontraron albergue en el estadio, otros se quedan en hoteles o viviendas de parientes. También llegan a Bucaramanga y otros municipios, aunque algunos optan por pasar la frontera y buscar ayuda en Venezuela.
Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en 2023 Colombia se ubicó como el cuarto país con mayor número de desplazados internos a nivel mundial, con un total de 5,07 millones de personas, por detrás de Sudán, Siria y la República del Congo, respectivamente.
Este fenómeno deja a miles de familias fragmentadas. No todos tienen la posibilidad de escapar hacia la incertidumbre, prefieren quedarse en el único lugar que conocen, aunque esté tomado por la violencia extrema.
La situación no solo obliga a mirar el presente, sino el futuro. Como relata Niño López, “aquí en Cúcuta tenemos 17.000 personas, unos 5.000 niños y niñas y lo que ellos me dicen cuando hacemos los juegos es que sienten rabia, tristeza y desesperanza. Muchos idolatran a esos grupos armados porque los han visto siempre y piensan en cargar armas para defender al pueblo. Podemos construir megacolegios, pavimentar todo el Catatumbo, cambiar la coca, pero si no cambiamos ese chip de los niños cuyos padres fueron asesinados hace días y ahora están durmiendo en colchonetas, no va a cambiar nada. Un niño feliz es capaz de hacer felices a los demás, pero un niño con odio es capaz de ser un monstruo”.
Según Loaiza, la investigadora de Insight Crime, “en este momento Colombia atraviesa una crisis humanitaria de una magnitud que no se había visto en los últimos años. El problema es que no existen las condiciones para un retorno digno que son voluntariedad, seguridad y dignidad (…) No hay una garantía de derechos para los que están allá porque son personas que viven bajo las reglas que imponen los grupos armados y no pueden recurrir al Estado, ya sea porque el Estado no existe o porque no da abasto para atenderlos”.
El drama que viven los habitantes del Catatumbo sobrepasa claramente las capacidades del Gobierno colombiano, lo cual se ve agravado por la actitud del régimen venezolano. Pues mientras este participa en una supuesta operación conjunta contra el ELN, nada indica que haya roto sus vínculos con esa organización terrorista. Mientras tanto, miles de desplazados seguirán soñando con regresar a sus hogares, de donde no quisieran haber salido nunca.
