El asesinato en vivo de una candidata local en México electrizó al país y logró sacar del anonimato a los 27 aspirantes muertos a medida que se acercan las elecciones, mientras el gobierno sigue minimizando los hechos. ¿Quiénes están detrás y qué buscan con una ola de violencia política que parece indiscriminada?
Por Fabiola Chambi // Connectas
Ciudad de México.- Gisela Gaytán acababa de presentar su plan de seguridad para la alcaldía de Celaya, estado de Guanajuato, el lunes 1 de abril. Fue su primer día de campaña y también su último día con vida. Los vídeos caseros que registraron la brutal balacera que acabó con la vida de la candidata de Morena tienen miles de reproducciones en las plataformas y su nombre ya es parte de una lista de 27 aspirantes asesinados.
No por nada el proceso electoral 2023-2024 ya es considerado el más violento en la historia de ese país. No solo por los asesinatos, sino por una serie de graves denuncias que quedan sin respuesta o con los peores desenlaces. El Laboratorio Electoral ha registrado 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de los cuales 51 fueron asesinatos, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
Sin embargo, estas cifras alarmantes no responden a datos oficiales ni a un registro público, sino al esfuerzo de organizaciones que hacen seguimiento desde hace varios años a la violencia política. Esto también ha generado que las denuncias solo queden registradas en los medios y no ante las autoridades competentes, lo que da paso a la impunidad.
Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral lamenta la falta de transparencia del sistema judicial y el lento avance de las investigaciones. “Es un fenómeno que se quiso ignorar durante mucho tiempo y no es nuevo. Desde 2018 lo denunciamos, incluso nuestro reporte de ese entonces fue retomado por la OEA como un signo de alerta temprana en 2021, pero tampoco se hizo nada”.
A medida que se acercan las elecciones, las amenazas se han incrementado y no solo recaen en un partido. Según el recuento del Laboratorio Electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene 10 aspirantes asesinados, el mayor número, seguido del opositor el Partido de Acción Nacional (PAN) con cinco. Pero también han reportado denuncias el Partido de Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional. (PRI). “En la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”, detalla el informe.
Este registro ya supera los 43 homicidios de los comicios del 2018 y se teme que en lo que resta de campaña pueda superar los 88 asesinatos registrados en 2021, de los cuales 30 eran candidatos o precandidatos.
Tras la muerte de Gaytán, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a las autoridades locales a coordinar con el gobierno la protección a los candidatos y afirmó que la responsabilidad por su seguridad no es solo del Ejecutivo. Pero como acostumbra, también aprovechó su habitual mañanera para anunciar que al cierre del periodo electoral probará, en un informe, que durante el sexenio de Felipe Calderón murieron asesinados más periodistas y candidatos.
Sin embargo, para Saúl Arellano, investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay disposiciones claras sobre quiénes son responsables de la protección de los candidatos. Y además, afirma que “no es cierto que en los últimos dos años hemos tenido una tendencia descendiente respecto a los años más violentos de la historia del país. Hay un exceso retórico en el sentido de decir que vamos bien porque se redujeron los asesinatos respecto de 2020 y 2021, que fueron años récord”.
A pesar de la escalada de violencia, el presidente mexicano prefiere mirar a otro lado y asegurar que la transición será tranquila, tersa y sin ningún problema. Confiada sentencia: “Vamos a salir adelante”.
En un recuento más amplio, el proyecto “Votar entre balas” de la organización Data Cívica en alianza con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reportan que desde 2018 a lo que va de 2024 se han registrado 1755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
México arrastra una historia de violencia y estas cifras escalofriantes plantean el riesgo de que la realidad se vaya difuminando en el olvido y la normalización. ¿Hay una salida? Mitigar la violencia electoral debe responder a una política de Estado, dice el profesor Cristián Castaño, director de la Facultad de Criminología y Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey. “Con un estado dislocado en el que tiene 2.000 corporaciones policiacas y en las que el mando muchas veces forma parte del fenómeno criminal (…) afirmar que de manera reactiva ahora podemos construir una política de Estado es demasiado tarde. Tendríamos que estar visualizando qué podríamos hacer después del proceso electoral y en estas elecciones activar protocolos para inhibir o disminuir los daños fatales, aunque muchas veces estos no se cumplen”.
¿Quién mata a los candidatos?
En una era con tecnología al alcance, herramientas de verificación y usuarios que se alimentan de la inmediatez, cuesta entender cómo los hechos de violencia, incluso documentados, quedan en nada. Según la organización Impunidad Cero, en México no denuncian el 94% de los delitos y las autoridades resuelven menos del 1%, es decir, la ciudadanía ya no cree en el sistema judicial y renuncia a buscar la verdad.
Hay preguntas necesarias: ¿Quién está detrás de estos hechos? ¿A quién benefician? ¿Qué alcance tiene la narcopolítica? El profesor Arellano es contundente: “México enfrenta una amenaza real del crimen organizado en términos de lo que podríamos denominar un veto informal. El narco está vetando a la democracia vía captación de los procesos electorales y ya no solamente vía corrupción en el sentido tradicional. Hay elementos para pensar que también hay personas que resultan elegidas y trabajan directamente para los cárteles”.
Cada caso es particular y las características de los estados pueden determinar las condiciones en que se producen estos hechos de violencia. Pero no se puede negar que la política mexicana tiene estrecha relación con el crimen organizado y sus estructuras difíciles de desarticular.
“Esto lo hemos enfrentado desde el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo durante el de Enrique Peña Nieto y por supuesto la política de ‘abrazos y no balazos’ del presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha frenado. Este es un problema transexenal y ahora el crimen organizado está aprendiendo a hacer política, a su estilo con amenazas secuestros y asesinatos… ¿qué buscan? Gobernanza criminal”, dice el experimentado periodista Arturo Espinosa.
Sin embargo, como explica el profesor Castaño “no hay un solo actor involucrado, son actores estratégicos (…) Hay que recordar que el crimen organizado actúa de manera daltónica, esto significa que no opta por aliarse, vincularse o someter solamente a funcionarios responsables públicos de un solo partido, sino a aquel que tenga el poder”.
Castaño hace énfasis en que el crimen organizado no solo se dedica a los negocios ilícitos sino también a los lícitos. “Por ejemplo en una alcaldía buscan someter a un presidente municipal para obtener los contratos de obras públicas o el control de las direcciones de espectáculos para luego imponer cuotas, así el dinero que debe ir a las arcas públicas termina con las organizaciones criminales”.
Tanto es así, que México lidera con preocupantes tendencias al alza un reciente estudio global de “mercados criminales” publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) y que contempla 193 países. Como dice Espinosa, “el problema del narcotráfico hizo ósmosis. Hay poblaciones completamente tomadas y de una manera amable por el crimen organizado, forman parte de su vida, son amigos, son parientes, trabajan con ellos y para ellos, hay una impunidad muy fuerte, y va a costar mucho trabajo desenraizar este problema”.
Un espejo para mirarnos todos
El 2 de junio, 97 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas y renovar más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia, para la que dos mujeres tienen las mayores opciones, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. También votarán por nueve gobiernos estatales, los 128 escaños del Senado y los 500 diputados. Unos comicios que determinarán el futuro del país por los próximos seis años, y que estarán comprometidos de alguna manera por el avance de las organizaciones criminales.
No solo la violencia sino también las múltiples infracciones a la ley electoral podrían poner en riesgo la legitimidad, explica Daniela Arias, del Laboratorio Electoral. “En México los tiempos son muy estrictos y hay fechas establecidas en la Constitución Federal y constituciones locales que son muy difíciles de cambiar, pues muchas autoridades electorales locales ni siquiera tienen dinero para sacar adelante el proceso electoral en su versión más básica, mucho menos para poder hacer frente a situaciones extraordinarias”. Y la verdad es que estas elecciones lo son.
Justamente en un año en el que la mitad de la población global vivirá procesos electorales, es inevitable mirar a México y esa realidad, que se vuelve espejo en Latinoamérica. Para nadie es un secreto que varios países de la región viven procesos semejantes, como Colombia y Ecuador, para nombrar solo los más evidentes. Hay un hastío que guía las decisiones de los ciudadanos en las urnas y también niveles de violencia que están acorralando a la democracia real.
