La represión y tortura en México, no es nueva, como tampoco sus masacres. “La guerra y la represión no son simples” Carlos Montemayor
Por Rodrigo Rosales Escalona
A lo largo de la historia de los pueblos, si por diversos actos y mecanismos la burguesía y el Estado consideran que sus intereses son afectado por protestas y luchas sociales que exigen que sus derechos no sean violados, el desprestigio y mentiras son el primer recurso de ese sistema contra el pueblo en movilización, pero, cuando del cansancio de no lograr respuestas justas alzan sus voces en acción, la represión se transforma en encarcelar, reprimir violentamente, asesinar y desaparición forzada la última respuesta del Estado, es decir, asesina y desaparece para que quede asentado quién tiene el poder y somete por medio del miedo a las masas, protegiéndose de hacer de las leyes su arma de represión.
«Desde una etapa muy temprana, la historia ideológica de la burguesía no fue más que una resistencia desesperada a toda comprensión de la verdadera naturaleza de la sociedad que había creado.» György Lukács, libro, Historia y conciencia de clase (1968), p. 66
Pero ¿qué es un Crimen de Estado?
Se considera crimen de Estado a la acción típica, antijurídica, culpable y punible, cometido por un gobierno o sus dependencias, por mandato u órdenes de sus representantes, funcionarios o autoridades y cumplido por agentes, subalternos, dependientes o particulares que actúan por instigación u orden de los funcionarios de Estado.
Los crímenes de Estado también conocidos como de lesa humanidad, son graves violaciones contra los derechos fundamentales del hombre, que se encuentran definidos en la Declaración Universal de los DD.HH.; y se diferencian de otros crímenes por cuatro características constitutivas: Son actos generalizados, sistemáticos, cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación o por orden de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad; y, están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.
En el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se caracterizó por amplia represión contra movimientos obreros y campesinos, incluyendo masacres y desapariciones, so pretexto de una “estabilidad social” por cuestión de “seguridad nacional#, dado que el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de garantizar dicha “estabilidad”,
Un ejemplo sobresaliente, el 18 de septiembre de 1941 envió al congreso la propuesta de aprobación del “delito de disolución social”, ¡en el artículo 45 del Código Penal Federal, el cual sería utilizado en ocasiones futuras para reprimir cualquier muestra de descontento que estuvo vigente en las décadas de 1940 a 1970.
En los hechos, este artículo se siguió usando después de la Segunda Guerra Mundial para reprimir y encarcelar a los disidentes políticos y aquellos obreros, estudiantes e intelectuales que impulsaran la independencia política de los trabajadores frente al Estado y cuestionaran el orden priista, mientras que ninguna persona de tendencia fascista sería procesada por éste.
Como suele suceder, las restricciones a las libertades que la democracia burguesa pretende garantizar son aplicadas contra el movimiento obrero y no contra los grupos reaccionarios, ejemplo de ello fueron los dirigentes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, quienes fueron arrestados tras la huelga ferrocarrilera de 1959 por impulsar fracciones disidentes a las del PRI en el sindicato ferrocarrilero. Los disidentes por lo general eran enviados al «Palacio Negro» de Lecumberri, edificio de la era porfiriana donde se recluía a los criminales peligrosos. Los movimientos populares más avanzados exigirían la derogación de este artículo debido a la saña con que eran reprimidos en su nombre.
“Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto.” Noam Chomsky
¡ES EL ESTADO!
El 23 de mayo de 1962 un destacamento de 60 militares apoyado por policias judiciales sacó de su casa, en Tlaquiltengo, Morelos, al dirigente campesino Rubén Jaramillo, a su esposa Epifania, que estaba embarazada, y a sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo militantes de la Juventud Comunista de México. Dos horas después la familia fue acribillada en las cercanías de las ruinas de Xochiacalco, consumándose así uno de los más brutales crímenes políticos del siglo XX mexicano,
El Quemado, ubicada en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. El 5 de septiembre de 1972, los militares detuvieron a 92 campesinos, varones por presunto cobijo a la guerrilla del maestro rural Lucio Cabañas Barrientos.
Los militares en ellos probaron todas las formas de castigo físico o psicológico que conocían. Agujas clavadas bajo las uñas, descargas eléctricas en los genitales, vendaje permanente de los ojos, espanto del sueño a punta de golpes, ayunos, son sólo algunas. Aunque la prueba máxima fue obligar a las víctimas a ver cómo lastimaban a sus padres, hijos o hermanos, mismos que fueron desaparecidos, aunque los menos; otros asesinados a punta de tortura, como don Ignacio Sánchez, del que sus familiares nunca recibieron su cadáver, y otros encarcelados con sentencias de 28 o 30 años de prisión. Han pasado 51 años y eñ caso El Quemado continúa impune-
“La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte.” Ricardo Flores Magón
A 56 años del dos de Octubre de 1968, como también 52 años del Jueves de Corpus de la masacre del 10 de junio de 1971, siendo dos masacres estudiantiles, donde el 68 es la más estudiada a diferencia del 10 de junio, al grado de que durante el gobierno de Vicente Fox, quien prometió revisar la matanza del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, una fecha trágica y libertaria en la que cerca de 300 manifestantes murieron. Recuerdo el comentario triste y con coraje una amiga socióloga Diana Rivera encontró a su hermano con el estómago destrozado por una bala expansiva.
Las voces de los desparecidos, asesinados y presos políticos entre 1965 y de acuerdo con la cronología de los hechos, la privación de libertad de los 43 normalistas ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes se preparaban para acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, la memoria histórica nos da cuenta que el Estado y sus crímenes de lesa humanidad, permanecen con total impunidad.
Historias de dolor, de persecución y masacre en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, sobre todo la ocupación militar en los estados de Morelos, Hidalgo y Puebla: de la contrainsurgencia al despojo del territorio, ahí los campesinos narraron paso a paso los hechos violentos en contra de los habitantes de la colonia Proletaria Rubén Jaramillo, Morelos;
Pedro Medrano y Etelberto Benítez de la colonia Rubén Jaramillo, recodaron la militarización en su comunidad en septiembre de 1973, fecha en que ola de represión contra sus residentes subía en espiral, algunos colonos fueron llevados al Campo Militar número 1, donde fueron torturados y otros desaparecidos.
Recuerdo otra historia más terrorífica sobre masacres de campesinos el 28 de enero de 1970 en el paraje conocido como Monte Chila, municipio de Jopala, Puebla.
Luciano Cabrera Vite era un adolescente de 15 años de edad vivió la ocupación del Ejército mexicano en los pueblos aledaños a Monte Chila como: Buenos Aires, África o san Pedro donde se derivó la matanza de 300 personas.
«Llegaron 10 o 15 camiones de soldados, llenaron el mercado de militares, al día siguiente sobrevoló helicóptero del Ejército, mataron a la gente del pueblo y quemaron casas, esto pasó hace 53 años, fueron mucho los muertos” trae a la memoria, Luciano Cabrera Vite, quien compungido y rabia en sus ojos, me relató.
La memoria pesa y mantiene vivos recuerdos ingratos, como la de Juan Valderrama Yáñez y Guadalupe Pérez Rodríguez narraron de la masacre en Rancho Nuevo el 2 de junio de 1982, en este crimen, 26 campesinos fueron asesinados por guardias blancas y policías municipales del Pantepec.
«240 campesinos trabajábamos en Rancho Nuevo, cuando entraron policías municipales y guardias blancas, ese día mataron a 39 compañeros campesinos.
Un hecho que me marcó profundamente por el camarada José Ramón García hasta su desaparición forzada. Con quien mantuve amistad por su militancia en el Partido Revolucionario de Trabajo (PRT), en las elecciones de 1988 Ramón fue candidato a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos”.
La desaparición forzada y política de José Ramón Cruz Martínez fue el primer caso en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Son ya 9 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ―conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa―, donde inicialmente se sembró que su activismo condujo a la masacre y desaparición, siendo que con el fin de participar en las manifestaciones del 2 de octubre de 2014 (véase masacre de Tlatelolco) en la Ciudad de México, habían retenido autobuses derivando en el ataque perpetrado por la policía municipal y estatal, junto con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, para luego ser separados en tes grupos hasta su asesinato y desaparición.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, es quien junto comandos de Tomás Zerón y el exfiscal general Jesús Murillo Karam, crearon la idea que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que calificó como la «verdad histórica».
“El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir.” Ricardo Flores Magón
De los 142 detenidos por el caso, principalmente policías municipales y supuestos miembros de Guerreros Unidos, 77 han sido liberados, en cuanto a que jueces así lo han determinado, mismos que son evidenciados por estar coludidos en el proceso.
En cuanto a Tomás Zerón, se refugió en Israel, consciente de que México no tiene tratado de extradición, sin embargo, el gobierno federal ha insistido al gobierno de dicho país en que aprese y entregue a Zerón para que rinda cuentas ante nuestra justicia. Paradójico, porque Israel ha recurrido a su agencia de espionaje el Mossad, para buscar y detener a alemanes nazis implicados en masacres de judíos, escondidos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú, y no atienden solicitud mexicana, porque Zerón es clave en solución de ubicar dónde están los normalistas.
Tienen el peso de razón los padres de los normalistas en que se haga justicia, porque como se señaló líneas arriba, no debe quedar impune el Crimen de Estado, iniciando con Peña Nieto. Los obstáculos a los que se enfrenta el gobierno federal es la profundidad de peso de los cómplices actuantes en el caso, que impiden llegar a esclarecer como someter a juicio por éste crimen cruel.
Luego de leer cada estudio y conclusiones del equipo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, entre todo, considero que la clave está en quinto autobús, el Estrella Roja, fue el único que no fue atacado violentamente, como sí ocurrió con en el que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, con la leyenda Castro Tours, y los otros cuatro camiones tomados por los normalistas, 2 Costa Line y 2 Estrella de Oro, que fue escoltado por dos patrullas federales a una caseta de cobro rumbo al estado de Morelos. El por qué, llevaba narcóticos hacia los Estados Unidos.
¡Sí es el Estado!
rodrigo.ivan@yahoo.com.mx
