Quieren ligarlo al caso de Lobos BUAP que investiga la FGE
Ciudad de Puebla, México. – Familiares de Ignacio Cruz Lerma, propietario de un negocio de aparatos eléctricos y de productos de limpieza, que anteriormente se dedicaba a la perforación y equipamiento de pozos, denunciaron tortura por parte de agentes ministeriales, que pretenden obligarlo a declararse culpable del delito de lavado de dinero en favor del rector del BUAP, Alfonso Esparza Ortiz y de algunos de sus administradores.
En conferencia de prensa, la hermana del detenido, Claudia Cruz Lerma en compañía de sus abogados, denunciaron que desde el día en que fue detenido el empresario hasta ahora, ha sido víctima de una serie de injusticias y violación a sus derechos humanos, luego de que señaló que agentes ministeriales que ejecutaron su detención, lo hicieron a la vieja usanza, esto es, irrumpiendo de manera violenta en su domicilio, destrozando su casa, amenazando a toda su familia, incluyendo menores de edad.
Sustrayendo cuanto podían de su casa, objetos de valor, equipos digitales, aparatos electrónicos, dinero, joyas, hasta automotores estacionados fuera del domicilio, uno de los cuales pertenece a su vecino, quien hasta ahora no ha podido recuperarlo por negligencia de las autoridades ministeriales en este caso.
Por todas estas anomalías que tienen que ver en la investigación del caso de lavado de dinero que supuestamente habría servido para que el rector y varios de sus allegados, hicieran un jugoso negocio con el equipo de fútbol Lobos BUAP, la hermana de la supuesta víctima exige al fiscal Gilberto Higuera Bernal, revise su situación y castigue a los responsables de estas atrocidades, ya que además denunció públicamente que su hermano ha sido objeto de tortura dentro de las instalaciones de la Casa de Justicia que se ubica al sur de la capital poblana.
Agregó que al empresario lo señalaron de manera indebida trabajadores de la universidad que están vinculadas a proceso y que buscan evadir la justicia “embarrando” a terceras personas.
“(Mi hermano) trabajó con mi padre en la empresa que él fundó y posteriormente quedó Ignacio en el negocio de la perforación y equipamiento de pozos profundos. Años más tarde mi hermano se dedicó a la comercialización de equipo electrónico y de limpieza. Poco antes de que fuera detenido se estaba recuperado de Covid19, que le dejó secuelas”, así iniciaba su denuncia Claudia Cruz Lerma, que ha vivido junto a la familia de su hermano un infierno, por todo lo que han tenido que atravesar desde su detención hasta ahora.
Ante su abogado, Guillermo Gutiérrez Gayosso y dolida por todo lo que ha pasado, detalló que los sujetos que fueron por Ignacio, sustrajeron de su casa desde relojes, alhajas, hasta boletos de sorteos de la universidad, joyas, dinero y para colmo cargaron hasta con los juguetes de sus sobrinos.
Pero también dijo que los violentos agentes al verse descubiertos por el sistema de cámaras de seguridad interna, decidieron destrozar lo que era su centro de grabación, cortando cables y rompiendo con tubos y a patadas los equipos de monitoreo, pantallas, consolas, para que no fueran evidenciados de la barbarie que cometían en ese instante, en la que también incluye las amenazas a los hijos del empresario, a quienes no les importó jalonearlos o golpearlos para arrinconarlos en un cuarto, mientras ellos destrozaban la vivienda en “búsqueda de evidencia de lavado de dinero”.
Sin embargo, los impolutos agentes fueron al final de cuentas grabados en varios minutos de sus fechorías, pues actuaron más como ladrones urgidos de hacerse del botín que de realmente ejecutar una orden de aprehensión y cateo, de la que nunca les mostraron documento alguno, cuando las grabaciones lograron captar el ingreso de los agentes y la manera de cómo trataron a la familia, imágenes que, de acuerdo con la hermana, estarán siendo presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la clara violación cometida al momento de ejercer una supuesta orden tanto de cateo como de detención.
“Los ministeriales se extralimitaron al llevarse hasta vehículos que estaban en la vía pública y uno que ni siquiera pertenece a mi hermano”, expresó la hermana del empresario.
Pero la tragedia de esta familia que inició el pasado 7 de enero, en el domicilio de la víctima, ubicada en el fraccionamiento Cerezotla del municipio de San Pedro Cholula, no concluyó con ese devastador momento para ellos.
A los meses siguientes, el detenido fue en varias ocasiones llevado a la Casa de Justicia al sur de la ciudad de Puebla, para sus audiencias iniciales con el Juez de Control y conocer de su situación legal; sin embargo, en varias ocasiones, y a pesar de la recomendación de sus abogados de no declarar y reservarse ese derecho, la hermana como el abogado Guillermo Gutiérrez Gayosso acusaron que cuando el Juez dictaba pausa en la audiencia, los agentes ministeriales que custodiaban al detenido, lo bajaban a una especie de separos, donde al final de cuentas por órdenes de otros sujetos que describen en la denuncia, le propinaban sendas golpizas y lo amenazaban a él o su familia, que de no declararse culpable y cómplice de los otros sujetos que también están siendo investigados por el mismo delito y el mismo caso, entonces asumiría las responsabilidades.
Incluso, la familia presentó un extracto de la audiencia en la que Ignacio Cruz Lerma informa al Juez de Control sobre la tortura de la cual es objeto y la respuesta inmediata de la autoridad judicial en ese instante es simplemente que, sus abogados saben como proceder ante esta clase de hechos, dejando la responsabilidad a los litigantes para que actúen conforme al derecho que les corresponde.
Lo que llama la atención en ese vídeo es que el juez no le importó o al parecer sabía perfectamente lo que ocurría en sus instalaciones, cada vez que {el dictaba una pausa dentro de la audiencia inicial en contra del empresario, el cual de acuerdo con sus abogados fue indebidamente señalado por gente cercana al rector de la BUAP, como cómplice del manejo ilícito de recursos, con apariencia del delito de lavado de dinero, por una serie de supuestas facturas, las cuales se ha comprobado no están a nombre del indiciado.
Es por ello, que ante estas serie de violaciones, tanto el abogado defensor como la hermana han elaborado ya la denuncia correspondiente que habrán de presentar de manera inmediata con todas las pruebas con las que cuentan ante la citada Corte Interamericana de Derechos Humanos pata llevar el caso de Ignacio a ese nivel y se investigue de fondo los casos de tortura que aún persisten en el sistema penal mexicano, principalmente en Puebla, ejecutado por jueces y ministeriales, cuyos responsables son el Tribunal Superior de Justicia a cargo de Héctor Sánchez Sánchez y de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Gilberto Higuera Bernal, para hacer justicia.
Cabe mencionar que, en voz del abogado defensor, el personal allegado al rector de la BUAP que está siendo investigado por ese delito, le han encontrado pruebas soportables al caso, por lo que fueron vinculados a proceso sin derecho a fianza. Siendo uno de ellos el que de manera doloso involucró al empresario.
Se trata del ingeniero Jorge Torres, quien es el contador de Lobos Buap, y uno de los principales que está señalado por el delito de lavado de dinero, mismo que en una de sus declaraciones señaló que las facturas con las que cometió el ilícito le fueron proporcionadas por Ignacio Cruz Lerma.
Empero, hasta ahora, ninguno de los documentos (facturas) que obran en poder de la autoridad ministerial y el Juez de Control, ha logrado mostrar que estén a nombre de Ignacio Cruz Lerma, por lo que no hay un delito flagrante que declarar en contra del empresario.
El citado contador de Lobos Buap, busca a toda costa desviar la atención de las autoridades y ganar el tiempo necesario para armar una buena defensa, mientras que la parte acusatoria busca bajo presión hacer que el empresario se declare culpable de los hechos que le imputan, sin importar si es inocente o no, así lo destacó el abogado defensor Guillermo Gutiérrez Gayosso.
