Escribo esto en el #DíaInternacional de la Verdad… Llegué temprano a una cita de trabajo. Estoy sentada frente a mi libreta, saboreando un café que aún no me han servido y viendo las noticias en mi celular.
La nueva iniciativa del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la CURP y el discurso del Secretario de Gobernación, en torno a lo encontrado en el rancho Izaguirre.
Uff, pienso, utilizar el dolor de las desapariciones y la indignacion social para justificar la universalización de la identificación digital de los mexicanos, cuando llevamos al menos dos sexenios con la intención de ese registro, hoy urgente de cara al Nuevo Orden Económico Mundial. Y pienso lo mismo que en la entrega pasada sobre el futuro digital de Europa.
Otras miles de preguntas que nadie contestará, me hago en torno al discurso de Harfuch: si el rancho Izaguirre estaba resguardado desde octubre del año anterior, ¿cómo es que el Lastra estuvo ahí en marzo? ¿cómo que no había nada si mataban a reclutas desobedientes y personas secuestradas?
Verdades a medias, mentiras ciertas, verdades o mentiras históricas, confusión para jamás revelar, cortinas para olvidar.
Ningún gobierno se salva, tan solo asistimos a una mentira histórica y todos sabíamos que lo era, como ejemplo del país “más democrático del mundo” está esa de “el tirador solitario” de la saga de los Kennedy.
Pero entremos de lleno al tema escabroso de las reformas, porque es importante decir qué es verdad y qué no.
Primero, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum propueso una serie de reformas con el objetivo de mejorar la identificación de personas y la protección de datos personales en México, el objetivo real no es ese, pero podemos exigir que lo sea.
Estas iniciativas buscan que la Clave Única de Registro de Población (CURP) sea la identificación oficial y optimizar los procesos relacionados con la gestión de datos personales, eso sí es cierto.
En qué consiste la propuesta:
1.Integración de datos biométricos: Se propone que la CURP incorpore información de rostro y huellas dactilares, para consolidarse como la fuente única de identidad oficial en el país. Esta medida busca mejorar la precisión en la identificación y facilitar la localización de personas desaparecidas.
Cierto pero solo a medias, el contar con estos datos permitiría un mayor control en diversos aspectos, desde xoedientes clínicos hasta situación fiscal.
2. Crear una Plataforma Única de Identidad: Esta plataforma centralizaría los registros administrativos de personas físicas en los tres niveles de gobierno, permitiendo consultas en tiempo real y mejorando la eficiencia en la gestión de datos personales.
Cierto. La pregunta es ¿consultas en tiempo real de quién y para quién? Está es una cuestión que debemos exigir se legisle, porque a mí no me gustaría, por ejemplo, que fuera como el historial crediticio, que el dueño de los datos no puede consultarlo a su antojo o que le den mi teléfono a cualquier ente que quiera promover un crédito.
3. Reformas a la Ley General de Población: se actualizará la legislación para respaldar la implementación de la CURP biométrica y establecer sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, actualización y compartición de información.
Lo anterior implica que todo tipo de datos personales, repartidos en distintas plataformas se centralice. Y eso es bueno, pero no dejo de pensar en películas como Enemigos Público o La Red, al visualizar el tema.
4. Creación de una Base Nacional de Información Forense: Esta base de datos unificaría los registros de identificación y forenses relacionados con personas desaparecidas, mejorando la coordinación entre las fiscalías y servicios forenses del país.
Esto es obligado y respondería al argumento que le permitiría implementar todo el programa, legitimándolo políticamente.
5. Reestructuración de organismos autónomos: Se ha aprobado la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serán asumidas por una nueva entidad denominada Transparencia para el Pueblo, bajo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Con ello, se simplifican las funciones gubernamentales y mejora la eficiencia en la gestión de datos personales. Sin embargo, la protección de estos datos es un derecho humano que debe ser protegido por un organismo autónomo y de preferencia ciudadano, no por la propia administración central.
La reestructuración de organismos autónomos pretende reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la administración pública. Podríamos reducir la burocracia sí, pero no por los organismos autónomos.
El beneficio sería, principalmente en la simplificación de trámites y servicios, porque no será necesario que te pidan todos tus documentos al acceder a una pensión, el pago de un derecho o impuesto.
Para lograr lo anterior, se requerirán nuevas reformas a la Constitución y a diversas leyes específicas, con relación a la protección de Datos Personales y la aplicación normativa quedaría bajo la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Actualmente, a partir del 20 de marzo pasado, “Transparencia para el Pueblo» es la institución encargada de proteger los datos personales en México. No obstante, la efectividad y autonomía de este nuevo organismo están siendo objeto de análisis y seguimiento por parte de la sociedad civil y especialistas en la materia.
aunnasí, habrá que revisar la Ley Nacional del Registro de Identidad (propuesta en gobiernos anteriores), que sentó las bases para la CURP biométrica, con la creación de una cédula de identidad única con huellas dactilares y datos biométricos (como les digo, esto no es reciente).
Hay tratados Internacionales y Normas de Identidad Digital como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege la privacidad y los datos personales y el Acuerdo de Identidad Digital de la ONU (2020), firmado por el gobierno de López Obrador, en el que se comprometió a fortalecer la identidad digital de la población.
Y si bien hay ventajas, los riesgos pesan tanto o más que los beneficios,ya que centralizar tantos datos en un solo sistema aumenta el riesgo de hackeos o mal uso de la información por parte del gobierno o de terceros.
Si la CURP biométrica no tiene medidas de seguridad adecuadas, podría usarse para vigilancia masiva sin consentimiento ciudadano, o el uso político de la información personal.
Al eliminar el INAI, se debilitaron los mecanismos de transparencia y protección de datos. Esto permite al gobierno tener un control total sobre la información de los ciudadanos sin un ente autónomo que lo supervise. La eliminación de este instituto dejó un vacío en la protección de datos personales y habrá que monitorear cómo funciona el nuevo organismo.
Por otro lado, y no menos importante, en nuestro país existe exclusión y analfabetismo digital, ya que no todos tienen acceso a internet, lo que podría dificultar la adopción de estos nuevos sistemas.
En zonas rurales, donde la digitalización es baja, la CURP biométrica podría generar problemas de acceso a servicios esenciales.
Las nuevas estructuras de transparencia aún no están bien definidas, lo que genera dudas sobre su efectividad. Además, modificar la CURP y centralizar datos podría ir en contra de derechos constitucionales, lo que podría generar amparos o resoluciones en la Suprema Corte.
Existe preocupación sobre quién manejará la base de datos y si habrá suficiente regulación para evitar abusos.Si se aplican medidas de seguridad y supervisión independiente, estas reformas podrían modernizar la administración y mejorar la seguridad.
La clave será cómo se implementan y qué contrapesos existen para evitar que la concentración de datos se convierta en un riesgo para los ciudadanos.
Existen dos posturas principales: una a favor de que esté en Seguridad Pública, lo que facilitaría la identificación rápida de criminales y personas desaparecidas, así como el control migratorio y prevención de fraudes de identidad.
Y otra, en contra de que esté en Seguridad Pública, por los argumentos de centralizar la información en una dependencia con facultades de investigación y persecución, que podría derivar en vigilancia masiva y uso indebido de datos.
Finalmente, ante la falta de supervisión independiente, sin un organismo autónomo, sería difícil garantizar que los datos no se usen con fines políticos o de control social.
En países donde la identificación ha estado ligada a seguridad (como China), ha habido preocupaciones sobre el uso de tecnología para el seguimiento y limitación de derechos civiles.
Lo ideal sería que la CURP biométrica y la base de datos no estuvieran bajo exclusivo control de la Secretaría de Seguridad Pública, sino de una entidad independiente con supervisión del Congreso o ciudadanos.
Es esencial que los ciudadanos permanezcan informados y participen activamente en la vigilancia del desempeño de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la protección de datos personales en el país.
Y esa es la verdad que alcanzamos a ver en un día donde la verdad se oculta, dando paso a las justificaciones políticamente decorosas y sensibles para nuestro país.
